JUZGAR, PARAR Y PENSAR

Juzgar, parar y pensar

El paro de la justicia es lamentable. Asumir que un servicio público de una importancia capital cierra es sencillamente penoso. La falta de medios, la condición obsoleta de las leyes procesales del país, la dificultad de los trámites, la preparación profesional escasa de algunos administrativos que cubren de forma temporal o interina esos puestos de trabajo en los juzgados, cuestiones todas ellas – al menos – discutibles, no justifican que dejen de trabajar, explícitamente o de forma velada, dos de las piezas del engranaje que están definidas como esenciales en la administración de justicia. Los jueces y los secretarios judiciales dirigen coordinadamente la acción de la justicia que afecta a las personas. No hay derecho a que no haya derecho.
Valoro como eje fundamental del Estado la justicia, que emana del pueblo, y defiendo su independencia como garantía del sistema democrático. Deploro viciar su práctica con la imposición de la voluntad del poder ejecutivo sobre el judicial. Creo que la división de poderes, más o menos rígida, sobre cuya fortaleza pueden y deben contrastarse opiniones – junto con el respeto escrupuloso de los derechos humanos -, es fundamento de la democracia en libertad. Pero no confundo el respeto a la independencia de esos servidores públicos (de una honestidad y preparación colectiva envidiable) con aceptar sin rechistar su conducta, afirmando sin más que tengan razón siempre en lo que piden y cómo lo hacen. El gobierno, éste y cualquier otro, está obligado a dotar de medios y recursos a los servicios públicos. Si no cumple, el ciudadano (juez de su vida) tiene que exigirlo, hasta gritando.
Lo que contemplo es que cuando un juzgado toma una decisión que no comparto y me afecta, recurro. Lo que sostengo es que no puede ampararse un error gravísimo de dos funcionarios concretos (por negligencia, impericia o desidia) en los fallos de un sistema, que programa un Estado pero que ejercen personas que deciden sobre otras. Levantar el velo de la culpa propia para excusarla en una general cubre de indignidad el valor de las buenas y justas resoluciones que salen de los juzgados a diario, con las mismas carencias y dificultades.
La independencia judicial no se consagra con el silencio de la ciudadanía ni sus políticos. Son servidores públicos sometidos a la ley. Son ciudadanos y ciudadanas que gestionan temporalmente un poder del pueblo. No es suyo, es nuestro. La ley nos iguala. También a quienes la aplican. Deberían pararse a pensarlo.