DE LA MUERTE Y DEL DESCANSO

De la muerte y del densanso

El hombre sabio, dijo Spinoza, en nada piensa menos que en la muerte. Hemos visto, acostumbrados ya a la digestión del drama sin desmayo, la retransmisión del fallecimiento de la ciudadana italiana que ha muerto los últimos días, tras vegetar en coma irreversible diecisiete años.
Ningún padre desea que su hijo fallezca. La naturaleza nos prepara para ver morir a nuestros progenitores pero no para que ellos acepten que no les sobrevivamos. Me resulta indignante que el gobierno de un país, escasamente respetuoso con los derechos de las personas necesitadas que viven en sus calles, cargue contra el padre de esta joven, que no ha tenido más vida que estar esperando que le llegara la muerte, y haya hecho del momento final de Eluana un espectáculo mediático y una impostura jurídica, reuniendo al legislativo de urgencia para cambiar la posibilidad legal de no prolongar artificialmente la ilusión de una vida que se escapaba.
Centrando la cuestión, este caso no es puramente eutanasia sino, más bien, ortotanasia. Eluana ha dejado de recibir alimento asistido que le procuraba permanencia vital. La eutanasia consiste en poner medios directos para el fallecimiento. En cambio, dejar de prestar en una situación irreversible los medios que soportan la vida no entra dentro de esta definición y no es, desde luego, ningún asesinato. De cualquier forma, la crisis que ha causado el final de la vida de Eluana admite interrogantes pero ninguno debe ser contestado por las personas que la quieren y han admitido que su existencia acabe para evitar dolor y sufrimiento. Las preguntas deben ser respondidas por ese ejército de ciudadanos anónimos que con su moral personal concreta desean imponer su escala de valores a los demás. Las preguntas deberán ser atendidas por un gobierno indecente que promueve leyes, hechas a propósito, para impedir a una familia doliente el ejercicio de un derecho dolorosamente radical. Las preguntas deberían formularse a los que, en nombre de quien no han de tomar en vano, juzgan pero no quieren ser juzgados. La muerte de Eluana no falta el respeto a su moral ni a las leyes de su país ni puede servir para predecir, por unos simples mortales travestidos en guardianes del Paraíso, la condena eterna en el mítico Juicio Final.
Las respuestas que las personas sabias darán a las preguntas que alguien les pueda espetar con desfachatez es que en nada han pensado menos que en la muerte. La mente de las personas que nos aman es el lugar donde nuestras vidas descansan en paz.

DECISIÓN

Decisión

Asistimos a un ciclo de preguntas y respuestas tan sin sentido y tan huecas que decepcionan. Reconozco que encuentro muchas dificultades para hallar, en medio de esta maraña tan tupida, una luz que reconocer interesante. Aparto el deseo de la brillantez, en esta penumbra lúgubre, y me conformo con la constancia, el esfuerzo y – sobre todo – la decisión para afrontar esta imprevisible crisis virulenta. Pero los exijo.
La gente necesita liquidez para capear el temporal. Los bancos y las cajas dificultan que contratemos créditos porque lo que antes activaba el consumo supone ahora un riesgo inasumible. Es demencial que esa práctica indecente genere pingües beneficios a estas entidades en tiempos de dificultad extrema para quienes los generan: sus clientes. No cabe la paciencia. Es urgente apremiar a las instituciones de crédito del país a que mantengan el mismo nivel de beneficio, a través de su gestión, para reinvertir obligadamente al menos la mitad porcentual de sus ganancias en sufragar el riesgo eventual de las operaciones necesarias para la enorme clase media del país, suficientemente desahogada para no requerir asistencia social y suficientemente empobrecida para no poder mejorar sin ayuda externa. El Estado auxilia a los bancos y las cajas por una excepcionalidad en favor de las personas. Tienen que devolver el esfuerzo sin excusas ni obstáculos porque las letras no son pacientes.
La gente necesita empleo para reivindicar su utilidad social y recuperar la confianza colectiva. Sufrimos una atroz pérdida de puestos de trabajo. Los planes de choque del Gobierno son valientes y valiosos pero tenemos la oportunidad de solucionar el problema de nuestro altísimo umbral de paro estructural, a través de una opción radical por la competitividad. La obra pública dará trabajos, pero el futuro pasa por sostenerlos a través de la iniciativa privada. Eso implica no tolerar el abaratamiento del despido ni las regulaciones fraudulentas porque no crean empleo, lo destruyen. Las empresas cumplidoras, y el conjunto de los trabajadores del país, harán bien en reclamar una fiscalidad benevolente (coherente con el esfuerzo que se les ha de exigir) para gozar de más renta disponible con que invertir y vivir. Esta distensión fiscal debe suplir la merma que el erario público sufra mediante un mayor gravamen de la alta riqueza inmóvil y, por tanto, improductiva.
Tenemos el arma precisa en nuestro poder: la ley. El gobierno es un instrumento para decidirlo sin dilación. Es decir, ya.

CIUDADANÍA Y RELIGIÓN: DOBLE RASERO

Ciudadanía y religión: doble rasero

La sentencia del Supremo sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía me ha devuelto a la mente una situación que viven muchas familias que optan porque sus hijos no asistan a clase de religión y han de sumarse necesariamente a la tan difusamente conocida como alternativa.
Muchas familias mantienen la opción de que no se reciba formación religiosa en el colegio. Sopesan la conveniencia de dicha decisión en tanto que asumen que son sus hijos los que tendrían que abandonar el aula donde normalmente se realizan sus actividades, con independencia de la criticable opción educativa por parte de los centros que ello comporta; del mismo modo, son esos niños los que - en un tiempo presumiblemente corto - suelen preguntar por qué dejan sus aulas, de forma que los padres se someten a la obligación de buscar una explicación convincente de modo que sus hijos no perciban en lo más mínimo carga negativa alguna con respecto a su decisión, sus compañeras y compañeros, educadores o al colegio mismo. Es una decisión meditada y difícil. Sin duda, resulta más fácil optar por lo corriente, aun sin convicción, porque evita estos problemas. En multitud de casos, habría evitado también las más o menos veladas sugerencias e intimaciones para que los niñas y los niños acudan a las clases de religión y comentarios más o menos afortunados acerca de la discriminación a que se exponen.
Mientras el debate en el Estado se ventila a propósito de la impartición de la asignatura Ciudadanía y la objección ante la misma porque es, desde esos puntos de vista, adoctrinamiento, no hay un contenido claro del tiempo de la alternativa a religión, adoctrinamiento concreto y sin paliativos, para el que además no cabe la objección sino la opción por otra actividad que llene ese tiempo, normalmente muerto.
Las familias que optan para que sus niñas y niños no den religión en este país aconfesional lo hacen porque tienen derecho a optar, no a objetar. Y optan consecuentemente sabiendo que esa elección plantea los inconvenientes que se han señalado y otros. De cualquier modo, los dan por justificados como precio, caro, de su opción. El problema es que no tendrían por qué optar.
Respeto el derecho a recibir formación religiosa de quien así lo decida en la escuela pública, aunque lo combato. No es objetable el hecho de que una formación laica en el país es posible sólo en determinadas condiciones para muchas familias que así lo deciden. Y no sirven al mal. Es posible que esto se explique en Ciudadanía.

LA ATALAYA DEL TOTEM

La atalaya del tótem

Ha dicho la referencia ideológica de los conservadores españoles que de la crisis se sale con flexibilidad, recorte de impuestos y sin intervención en el mercado. Me temo que las recetas que nos han traído aquí siguen imperando sobre ese importante sector político de nuestro país.
Me resulta curioso que quien marca su acción política con el recorte social señale el camino de protección social. Donde los conservadores gobiernan, disminuye el gasto público y se hace caso omiso a la reivindicación de mejoras sociales y en los niveles en que no tiene responsabilidad de gestión intentan superar su complejo bien ganado de recorte social, haciendo propuestas que no concretan nada sino que pescan en el río revuelto de la dificultad de las personas para afrontar esta crisis.
La crisis es el momento de las políticas sociales. La ciudadanía premia en las urnas a las opciones políticas que avalan justo lo contrario que la receta de la derecha tradicional española. Estoy convencido de que esto es así porque la sociedad electoral (ni cautiva, ni subvencionada, ni mezquina) sabe distinguir las políticas que les defienden. En plena madurez democrática, nuestro país no se aventura con lenguajes o ideas que sólo se hacen para la galería: son antiguas, suenan desfasadas, resultan raras de escuchar en una sociedad abierta, plural, moderna y cada vez más tecnificada y competitiva.
No le quito valor al trabajo que hay que realizar para defender el empleo y soy consciente de que los gobiernos tienen que tomar medidas concretas que contribuyan a paliar los efectos de la crisis y, particularmente, que impidan el padecimiento de esta situación en el mundo laboral. Por eso aplaudo que el gobierno actúe conforme a las previsiones de nuestro sistema constitucional, economía de mercado, utilizando las formas de regulación precisas para la evitación de hechos injustos o desviaciones perjudiciales; es decir, que ponga su capacidad de intervención al servicio del mayor interés estratégico del país: las personas.
La confianza en el país y sus actores económicos es el mecanismo que nos sacará de la crisis. El apoyo a las trabajadoras, los trabajadores, pero también a las empresas y los emprendedores, que ponen en valor sus activos para rendirlos hacia el beneficio colectivo. Y, si en algún caso no fuera así, es tarea del gobierno, y de todos los ciudadanos en el marco de su responsabilidad, corregir esa marcha hacia el objetivo común de progresar juntos.