El Congreso ha aprobado la Ley de Memoria Histórica. Los que no quieren que recordemos la tachan de revanchista, inoportuna e inútil. Recordar es un buen ejercicio porque nos mantiene vivos. La ley de Memoria es una responsabilidad del Estado, del país, con su gente - con toda su gente. Esperanza Aguirre ha llegado a decir que el gobierno quiere imponer la memoria y ésta es siempre privada y personal. A nadie se le escapa que es un juego de palabras viciado: es el recuerdo institucional el que el Gobierno no puede dejar en el olvido. Por cierto, la vergüenza también es personal y los representantes públicos, como Aguirre, no deberían perderla.
DE LA MEMORIA NECESARIA
El dieciocho de julio de 1936 hubo un golpe de Estado en España. Provocó una guerra civil y acabó con la II República, estableciendo una dictadura que se mantuvo hasta 1975 y dio sus últimas bocanadas hasta 1978, cuando la Constitución obtuvo el respaldo del pueblo español. Hasta entonces, un régimen ultranacionalista, ultracatólico y ultrajante gobernó el país dirigido por uno de los dictadores más longevos en la perversión de su tiranía que ha conocido el siglo XX.
La transición española concitó un pacto de silencio en las fuerzas de izquierda donde muchas personas observaron atónitas cómo gerifaltes del régimen dictatorial pilotaban con ellas el proceso a la democracia. Gentes de todo pelaje se apuntaron al pedigrí democrático con el consentimiento dolorido de la oposición al régimen desde el bando de las libertades porque la ventaja de la mayoría para alcanzar un país libre cobró más importancia que denunciar la irónica participación en la construcción de la democracia de quienes hasta ese momento habían sido actores o cómplices de la continuidad perniciosa del régimen del dictador.
La sociedad española se había acostumbrado a hablar de los muertos rojos en voz muy baja mientras el azul del bando franquista vestía de honores a los alféreces provisionales, antiguos combatientes (del bando sublevado), y a los prohombres del régimen del hambre, la oscuridad y el rancio tufillo del incienso en honor del general rebelde en las calles, en las plazas, las iglesias y la vida cotidiana. Los muertos de unos eran caídos por Dios y por España; los muertos de los demás se cayeron de la memoria de España. Al comienzo de la democracia supongo que ver sentados de nuevo en las Cortes democráticas a muchos de los que, en otro contexto, mancillarían el honor de esas sedes legítimas abrió la veda a la persistencia del miedo y España alcanzó su victoria en el tiempo de la esperanza que comenzó a despuntar. Hubo quienes desde 1939 fueron honrados y vitoreados, incluso a la fuerza, y hay quienes hasta hoy no han sido tratados con dignidad por el recuerdo de un país.
La ley para la Memoria no pretende abrir heridas, busca poder cerrarlas. No les quitará nada de lo usurpado a quienes deshonraron el nombre de mi país con una dictadura cruel, pero que nos señale de dónde venimos es un acto de justicia formal reparadora que dignifica nuestra convivencia. Hay que mirar al futuro sin duda, los descendientes de los muertos represaliados por la dictadura lo llevan haciendo desde el comienzo de la democracia, pero tienen derecho a recordar con orgullo que sus mayores también miraron de frente al futuro. Y por eso murieron.
El dieciocho de julio de 1936 hubo un golpe de Estado en España. Provocó una guerra civil y acabó con la II República, estableciendo una dictadura que se mantuvo hasta 1975 y dio sus últimas bocanadas hasta 1978, cuando la Constitución obtuvo el respaldo del pueblo español. Hasta entonces, un régimen ultranacionalista, ultracatólico y ultrajante gobernó el país dirigido por uno de los dictadores más longevos en la perversión de su tiranía que ha conocido el siglo XX.
La transición española concitó un pacto de silencio en las fuerzas de izquierda donde muchas personas observaron atónitas cómo gerifaltes del régimen dictatorial pilotaban con ellas el proceso a la democracia. Gentes de todo pelaje se apuntaron al pedigrí democrático con el consentimiento dolorido de la oposición al régimen desde el bando de las libertades porque la ventaja de la mayoría para alcanzar un país libre cobró más importancia que denunciar la irónica participación en la construcción de la democracia de quienes hasta ese momento habían sido actores o cómplices de la continuidad perniciosa del régimen del dictador.
La sociedad española se había acostumbrado a hablar de los muertos rojos en voz muy baja mientras el azul del bando franquista vestía de honores a los alféreces provisionales, antiguos combatientes (del bando sublevado), y a los prohombres del régimen del hambre, la oscuridad y el rancio tufillo del incienso en honor del general rebelde en las calles, en las plazas, las iglesias y la vida cotidiana. Los muertos de unos eran caídos por Dios y por España; los muertos de los demás se cayeron de la memoria de España. Al comienzo de la democracia supongo que ver sentados de nuevo en las Cortes democráticas a muchos de los que, en otro contexto, mancillarían el honor de esas sedes legítimas abrió la veda a la persistencia del miedo y España alcanzó su victoria en el tiempo de la esperanza que comenzó a despuntar. Hubo quienes desde 1939 fueron honrados y vitoreados, incluso a la fuerza, y hay quienes hasta hoy no han sido tratados con dignidad por el recuerdo de un país.
La ley para la Memoria no pretende abrir heridas, busca poder cerrarlas. No les quitará nada de lo usurpado a quienes deshonraron el nombre de mi país con una dictadura cruel, pero que nos señale de dónde venimos es un acto de justicia formal reparadora que dignifica nuestra convivencia. Hay que mirar al futuro sin duda, los descendientes de los muertos represaliados por la dictadura lo llevan haciendo desde el comienzo de la democracia, pero tienen derecho a recordar con orgullo que sus mayores también miraron de frente al futuro. Y por eso murieron.
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