DECISIÓN

Decisión

Asistimos a un ciclo de preguntas y respuestas tan sin sentido y tan huecas que decepcionan. Reconozco que encuentro muchas dificultades para hallar, en medio de esta maraña tan tupida, una luz que reconocer interesante. Aparto el deseo de la brillantez, en esta penumbra lúgubre, y me conformo con la constancia, el esfuerzo y – sobre todo – la decisión para afrontar esta imprevisible crisis virulenta. Pero los exijo.
La gente necesita liquidez para capear el temporal. Los bancos y las cajas dificultan que contratemos créditos porque lo que antes activaba el consumo supone ahora un riesgo inasumible. Es demencial que esa práctica indecente genere pingües beneficios a estas entidades en tiempos de dificultad extrema para quienes los generan: sus clientes. No cabe la paciencia. Es urgente apremiar a las instituciones de crédito del país a que mantengan el mismo nivel de beneficio, a través de su gestión, para reinvertir obligadamente al menos la mitad porcentual de sus ganancias en sufragar el riesgo eventual de las operaciones necesarias para la enorme clase media del país, suficientemente desahogada para no requerir asistencia social y suficientemente empobrecida para no poder mejorar sin ayuda externa. El Estado auxilia a los bancos y las cajas por una excepcionalidad en favor de las personas. Tienen que devolver el esfuerzo sin excusas ni obstáculos porque las letras no son pacientes.
La gente necesita empleo para reivindicar su utilidad social y recuperar la confianza colectiva. Sufrimos una atroz pérdida de puestos de trabajo. Los planes de choque del Gobierno son valientes y valiosos pero tenemos la oportunidad de solucionar el problema de nuestro altísimo umbral de paro estructural, a través de una opción radical por la competitividad. La obra pública dará trabajos, pero el futuro pasa por sostenerlos a través de la iniciativa privada. Eso implica no tolerar el abaratamiento del despido ni las regulaciones fraudulentas porque no crean empleo, lo destruyen. Las empresas cumplidoras, y el conjunto de los trabajadores del país, harán bien en reclamar una fiscalidad benevolente (coherente con el esfuerzo que se les ha de exigir) para gozar de más renta disponible con que invertir y vivir. Esta distensión fiscal debe suplir la merma que el erario público sufra mediante un mayor gravamen de la alta riqueza inmóvil y, por tanto, improductiva.
Tenemos el arma precisa en nuestro poder: la ley. El gobierno es un instrumento para decidirlo sin dilación. Es decir, ya.